Políticas de marginación o inclusión digital


Políticas de marginación o inclusión digital

La marginación del siglo 21 es digital, pero margina dos veces cuando hablamos del derecho a la información y del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ambos derechos fundamentales.

Para evitarla y para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos, debe surgir una nueva generación de política pública, es decir, una política digital. El acceso a las TIC habilita el ejercicio de otros derechos como la seguridad, la salud, la educación y el acceso a la cultura. De esta manera, se convierte en un derecho transversal porque impacta en la productividad, competitividad, transparencia y acceso a la información, en suma, fortalece la democracia.

Pocas herramientas en la historia de la humanidad como las TIC han sido tan poderosas para transformar el entorno social del ser humano y generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Democracia, desarrollo social y económico son las grandes áreas que una política digital vanguardista, novedosa e innovadora puede ayudar a extender y consolidar.

El hecho de habilitar tal gama de derechos fundamentales debería ser no sólo una responsabilidad sino una aventura apasionante en el diseño de política pública novedosa. El reto de un diseñador de política TIC es imaginar, construir una visión poderosa, volver transversal su aplicación, determinar socios y cómplices; establecer objetivos a corto, mediano y largo plazos; crear un extraordinario equipo gerencial de servidores públicos capaces de cumplir metas e ir más lejos en sus implicaciones para el desarrollo del País. También debe generar un cuerpo de indicadores claros que revelen la verdad, que establezcan nuevos retos y oportunidades.

La política digital es una herramienta que se ha hecho bien en Brasil (Plan Nacional de Banda Ancha), Argentina (Argentina Conectada), Chile (Imagina Chile) y Colombia (Plan Vive Digital), entre otros países de América Latina, pero también del resto del mundo desarrollado. En todos estos proyectos se estimuló la creatividad de la administración pública para ofrecer más y mejores servicios en línea, pero sobre todo se mejoró la calidad de vida de las personas y se ofrecieron oportunidades vitales para generar nuevas realidades.

"Agenda Digital" es el nombre coloquial para este nuevo género de política pública y no es sólo para los gobiernos federales, sino también para los estados, los municipios y las ciudades. En el nuevo entorno de los derechos fundamentales, conoceremos una generación de nuevos derechos digitales ciudadanos que se debatirán en las grandes y pequeñas metrópolis; afectaran la forma como los gobiernos ofrecen servicios públicos como transporte, gas, luz, agua, seguridad, tráfico urbano.

Estos gobiernos de ciudades deberán ser transparentes y eficientes, proactivos; pero también salvaguardar los datos personales y la privacidad de las personas. Por esa razón, me pregunto ¿dónde están los líderes visionarios que presenten agendas digitales robustas, de poderosa visión social y económica? ¿Dónde están estos líderes, servidores públicos, que ofrecen avances, describen proyectos y soluciones digitales de política pública? ¿Dónde están estos líderes que comunican con solvencia el futuro que imaginan y las soluciones digitales en materia de educación, cultura, seguridad, salud, servicios públicos y transparencia?

La Estrategia Digital Nacional del gobierno federal es una oferta, hasta ahora, de la oportunidad digital y se le ha concedido el beneficio de la duda, pero el objetivo de superar los principales indicadores TIC de la región penden como la espada de Damocles. Es momento de deliberar y reflexionar el programa y las acciones. ¿Cómo podemos ayudar?

La política digital es una nueva expresión del ejercicio del derecho a la información y como tal está sujeta a escrutinio y a debate; es novedosa y no es fácil su ponderación porque faltan los líderes que comprendan el futuro digital y diseñen sus políticas públicas, pero ya no queda mucho tiempo.

Incrementar la oferta de servicios digitales vía servicios públicos es una forma de llegar a los usuarios que no están conectados y ofrecerles lo que la Constitución garantiza en materia de derechos fundamentales. El 2013 fue el año de la reforma constitucional y 2014 el de la legislación y la regulación. Pero 2016 debe ser el año de las telecomunicaciones y la economía digital. También será la hora de la acción del gobierno y de que su agenda digital ofrezca resultados contundentes e iluminadores. Queremos el año de la economía y de los servicios digitales que México se merece.

 
 
Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y analista de telecomunicaciones
 
@fernegretep

 
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